La OCDE (1971) calificaba al sistema financiero español, a comienzos de los años setenta, como uno de los más rígidos y reglamentados de los países que integraban la organización. A su vez, la cajas de ahorros españolas figuraban entre las que de forma más restrictiva debían desarrollar sus actividades (Ros, 1967). Por ello, era lógico que a partir de 1973-74 y,especialmente, 1977, se iniciara un proceso de reforma y liberalización que operaría en diversos frentes y daría paso a la equiparación funcional de las cajas con los bancos, la apertura limitada del negocio bancario a las entidades extranjeras, la libertad de tipos de interés, la reducción de los circuitos de financiación privilegiada, la ampliación de la muy restringida gama de activos y pasivos financieros y la liberalización de la normativa de expansión de la red de oficinas.